Principios reguladores de los servicios públicos
Es de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias
que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la
ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos
domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y
contenido de interés social, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones
de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:
1. Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés social; turismo local; parques y
jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreación; arquitectura civil, nomenclatura y ornatopúblico.
2. Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales;
servicios de transporte público urbano de pasajeros.
3. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines específicos
municipales.
4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario,
comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil.
5. Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y segunda infancia, a la
adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, servicios de integración familiar del discapacitado al
desarrollo comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas. Servicios de prevención y protección,
vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal.
6. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y disposición de aguas
servidas; cementerios y servicios funerarios.
7. Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación
nacional aplicable.
8. Las demás que les atribuya la Constitución y la ley. Las actuaciones que corresponden al Municipio en la
materia de su competencia no menoscaban las competencias nacionales o estatales que se definan en la ley
conforme a la Constitución.
Organización, Funcionamiento y Supresión de los Servicios Públicos en Venezuela.(principios reguladores)
A. Organización; dependientes del Poder público Nacional, se hace por vía de derecho. En efecto, la
Constitución o la ley crean el servicio público, complementadas por disposiciones de orden reglamentario
dictadas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros en uso de la atribución y obligación que le
confiere el Art. 236 de la CRBV. Num. 10 «Reglamentar total o parcialmente las leyes sin alterar su espíritu,
propósito o razón».
B. Funcionamiento; el buen funcionamiento de los servicios públicos está profundamente relacionado con el
concepto de calidad de vida, el cual supone el disfrute de condiciones básicas y esenciales de vida para que
cada sujeto pueda vivir de forma digna. El tratamiento oficial de la materia de servicios públicos ha pasado por
etapas diferentes de transformación, hacia una nueva regulación jurídica e institucional donde se establece
taxativamente la función ejercida por la administración pública como ente rector de las políticas públicas, sujeta
al servicio público o interés general, estando -en consecuencia- al servicio de la ciudadanía sin ningún tipo de
distinciones, privilegios o discriminaciones.
C. Supresión; salvo los creados por imperativo de la Constitución, los creados por ley se suspenden también
por ley; en virtud de lo dispuesto en el Art. 218 de la Constitución de la República: las leyes sólo se derogan por
otras leyes (materias de reserva legal). No obstante, según el Art. 236 CRBV. Num. 8 y el 196 CRBV. Num. 6
mediante decreto ley, el presidente de la República podrá disponer la modificación o suspensión de servicios
públicos, entendiendo como tales las reparticiones administrativas pertinentes, siempre y cuando se den los
supuestos previstos en las citadas normas constitucionales.
También se pueden suspender por ordenanza cuando hayan sido creadas por ésta. Procede en estos casos, la
aplicación del principio general del derecho: los instrumentos normativos se deshacen con la misma forma como
fueron hechos.
Concesión de los servicios públicos
El contrato de concesión de servicios públicos del derecho administrativo es definido como aquel por el cual un
particular (concesionario) es autorizado por la administración para desarrollar por cierto tiempo y a su riesgo,
salvo pacto en contrario, un servicio público, recibiendo de los usuarios, como contraprestación económica, la
cantidad determinada en las oportunas tarifas.
tiene por finalidad la explotación de un servicio que es concedido por alguien que lo tiene a su cargo o desea
prestarlo. También en otros aspectos hay coincidencias: otorgamientos de bienes para la explotación del
servicio; compensación a favor del concederte; el concesionario actúa siempre por su cuenta y riesgo y a su
nombre.
Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos públicos o privados con personalidad
jurídica creados por Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría
de necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante concesionario o a través de cualquier otro
medio legal con sujeción a un régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda".
Análisis del Concepto.
Cuando dice que «son actividades, entidades u órganos públicos o privados» se refiere esta expresión a los
servicios públicos, en sentido material; vale decir, toda tarea asumida por una entidad pública, bien se trate de
la República, el Distrito Capital, los Estados, los Municipios y los Distritos Metropolitanos -personas jurídicas de
Derecho Público de carácter territorial- o prestados a través de entes descentralizados funcionalmente: institutos
autónomos, empresas del Estado, fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado (entes no
territoriales). No obstante, cabe decir que el servicio público también puede ser prestado por particulares
conforme al orden jurídico pertinente.
Así mismo, también se entiende por servicio público, en sentido orgánico, la creación de una dependencia
administrativa dentro de la estructura del Estado o de la administración pública para satisfacer determinadas
necesidades de interés colectivo o público. A esta afirmación se contrae lo dispuesto en el artículo 236 CRBV. –
Num. 20, 8 y 24 en concatenación con el artículo 196 CRBV – Num. 6: Atribuciones de la Comisión Delegada
«Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes para crear, modificar o
suspender servicios públicos en caso de urgencia comprobada»
Clasificación de los Servicios Públicos.
En doctrina existen diferentes tipos de criterios para clasificar los servicios públicos:
1. Esenciales y no esenciales; los primeros son aquellos que de no prestarse pondrían en peligro la existencia
misma del Estado: policía, educación, sanidad. Los no esenciales; a pesar de satisfacer necesidades de interés
general, su existencia o no prestación no pondrían en peligro la existencia del Estado; se identifican por
exclusión de los esenciales.
2. Permanentes y esporádicos; los primeros son los prestados de manera regular y continua para la
satisfacción de necesidades de interés general. Los esporádicos; su funcionamiento o prestación es de carácter
eventual o circunstancial para satisfacer una necesidad colectiva transitoria.
3. Por el origen del órgano del Poder Público o ente de la administración que los presta; Nacionales,
Estatales, Distritales, Municipales y concurrentes si son prestados por cada una de las personas jurídicas
territoriales: nacionales por la República u otros órganos del Poder Nacional; los Estatales son los prestados por
cada uno de los Estados que integran la Federación venezolana, particularmente los señalados en la Constitución
de la República o en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del
Poder Público citados precedentes y, los Municipales en conformidad con la Constitución de la República y Ley
Orgánica del Régimen Municipal. Hay servicios públicos de competencia concurrente; son aquellos en cuya
prestación concurren distintos órganos de los niveles del Poder Público, bien sean nacionales, distritales,
estatales o municipales y los hay que son prestados en forma exclusiva por órganos de la administración o por
los particulares.
4. Desde el punto de vista de la naturaleza de los servicios, se clasifican en servicios administrativos y
servicios públicos industriales y comerciales; éstos últimos específicamente referidos a las actividades de
comercio, bien sea de servicios para atender necesidades de interés general o los destinados con fines lucrativos
y no a satisfacer necesidades colectivas.
5. Servicios públicos obligatorios y optativos. Los primeros los señalan como tales la Constitución y las leyes;
y son indispensables para la vida del Estado. Los optativos, el orden jurídico los deja a la potestad discrecional
de la autoridad administrativa competente.
6. Por la forma de prestación de servicio: Directos y por concesionarios u otros medios legales. En los
primeros, su prestación es asumida directamente por el Estado (nacionales, estatales, municipales, distritales,
entes descentralizados). Por concesionarios: no los asume directamente el Estado; prestan a través de
concesionarios.
